La Asociación de Diabéticos recoge firmas para que los centros escolares presten este tipo de atención a los menores.La madre debe acudir cinco veces al día al colegio para suministrarle insulina.
La pequeña Paula Mon y su familia están pasando por momentos duros y difíciles desde que hace pocas semanas a la niña le fue diagnosticada una diabetes que ha significado un auténtico vuelco en sus vidas. Desde entonces, los problemas para tratar de conciliar la nueva circunstancia de la pequeña con las ocupaciones cotidianas han sido muchos y los progenitores han tenido que adaptarse a las nuevas necesidades de Paula. Sin embargo las cosas han acabado siendo aún más difíciles de lo esperado.
Las atenciones y controles que precisa un niño diabético suponen una dura prueba para la vida laboral de sus padres. Éste es el caso de María del Valle López, que debe desplazarse hasta en cinco ocasiones diarias hasta el colegio para realizar los controles glucémicos de Paula, y suministrarle las dosis necesarias de insulina.
Y aquí es donde comienza la denuncia. Al igual que otras muchas familias asturianas, los padres de Paula consideran que en el ámbito escolar debería establecerse algún tipo de protocolo de atención hacia estos niños.
«Los profesores no tienen ninguna obligación de realizar estos controles y de poner las inyecciones de insulina, es un vacío legal que queremos que sea solventado en el Principado de Asturias, al igual que ha ocurrido en otras comunidades», explica María.
En esta lucha está también la Asociación de Diabéticos de Asturias, Asdico, que ha anunciado el comienzo de una campaña de recogida de firmas para pedir que los centros escolares dispongan de una persona encargada de prestar atención a los pequeños, «porque no estamos hablando sólo de suministrarles su dosis de insulina, también están los controles glucémicos y además existe el riesgo de que uno de estos niños, en algunos casos de muy corta edad, puedan tener un problema más grave y entrar en un coma».
Modelo de Baleares
El modelo que se podría seguir, según señala María del Valle López, sería el que se adoptó en las Islas Baleares en 2007. «Allí se llegó al acuerdo de que los centros tuviesen esa persona encargada de controlar a los niños diabéticos aunque también hizo falta una importante presión de la sociedad, para llegar a esta solución», comenta.
El objetivo ahora está en llamar la atención de la sociedad y recabar todo el apoyo posible para tratar de mejorar esta situación. Lo primero será recoger un total de 10.000 firmas, «que es el mínimo necesario que necesitamos para poder iniciar todo el trámite ante la administración». Por esa razón, una emocionada madre pide a todos los vecinos de la comarca que presten su firma y apoyen esta causa.